Tengo como norma personal no introducir temas de política en todo lo que publico y eso que daría mucho juego, probablemente más caché y algún que otro enemigo. Lo que publico, de momento, es técnico, con pretensiones formativas, o lúdico, con pretensiones de entretenimiento. Dejo pues, los debates políticos para los tertulianos de turno, que lo hacen muy bien (por lo de ganarse la vida, me refiero).

No obstante voy a hacer una excepción en el caso que nos ocupa, ya que una de las acciones políticas que se perpetrarán próximamente afecta a mi profesión de libre elección y, mucho peor aún, a la futura formación de los jóvenes de esta sociedad. Ejerzo pues, el derecho a la pataleta, aunque no sirva de gran cosa… pero que conste.

Y es que la próxima semana (del 16 al 22 de noviembre de 2020) se aprobará con toda seguridad la nueva Ley de Educación (no se que número hace ni me voy a molestar en averiguarlo… ni que siglas tendrá, bueno sí, pero que no me molestaré en ponerlas), y es que ciertamente ya van unas cuantas leyes al respecto y uno pierde la cuenta…

Y como quiera que llevo ya más de veinte años en el sector, ejerciendo como profesor, primero en un magnífico centro de enseñanza PÚBLICO, y después en otro magnífico centro de enseñanza CONCERTADO, pues como que me siento implicado y con ganas de decir algo.

En primer lugar me llama la atención que se «debata», y se apruebe, una Ley tan sumamente importante (o al menos, pienso yo, ingenuo de mi, que todas las referidas a la Educación debieran serlo), con tanta nocturnidad y alevosía (lo de nocturnidad y alevosía viene por lo que está cayendo…) ¡que políticos tan preclaros tenemos que son capaces de lidiar con una pandemia, miles de muertos arriba o abajo, una crisis económica de proporciones bíblicas que dejará miles de empresas cerradas y miles de pobres de solemnidad, y a la vez sacar adelante Leyes de tanta enjundia!

Y es que parece que lo estamos haciendo mal en los centro de ensañanza concertados, ¡MECACHIS! Eso de que mantengamos nuestras aulas con alumnos en base a la libre elección de los mismos o la de sus familias debe ser malo, muy, muy malo. Es mucho mejor, donde va a parar, asignar a los futuros alumnos a centros públicos que probos funcionarios estimen oportunos en base a criterios…, a criterios… perdón que me he atascado.

Vamo a intentar hacer algo: está en marcha una campaña de recogida de firmas con el lema “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. En dicha campaña se informa y se recogen firmas contra la citada ley, y es que algunos pensamos ¡que tontá, verdad! que es posible la convivencia de los diferentes modelos educativos, como es posible la convivencia de distintos modelos de familia, de distintos modelos de economía o de distintos modelos de sanidad… todo ello avalado por derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Declaración de los Derechos humanos.

Artículo 26 de la Declaración de los Derechos humanos:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Recalco algún que otro aspecto de este artículo: la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada… Aún habiendo una importante oferta técnica y profesional que complementa a la formación de los centros públicos, lo cierto que en determinados ciclos, existe una demanda insatisfecha año tras año. Este tema debiera ser prioritario para la administración.
En el apartado 3 se indica el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. A ello añado yo, a riesgo de pasarme de listo, del derecho de los alumnos mayores de edad y emancipados a escoger el tipo de educación para ellos (incluido el centro en el que se formarán).

Lo cierto es que lo que nos tiene que mover a TODOS los implicados de una u otra manera, en la educación de nuestros jóvenes, es la adquisición objetiva de conocimientos y destrezas, aportando los suficientes argumentos para que estos alumnos dispongan de herramientas intelectuales para juzgar la realidad de forma objetiva, y tales conocimientos y destrezas sean aplicables preferentemente en nuestra sociedad para el beneficio de todos (no debemos olvidar la esperpéntica realidad de que muchos de nuestros jóvenes, formados aquí, a un coste importante, deben emigrar y ejercer su profesión en otros países que se aprovechan de esa formación, tema este que también debiera ser prioritario para nuestros políticos).

Nos sería de mucho interés que los dirigentes políticos se pusieran de acuerdo en cuestiones fundamentales tales como la Sanidad y la Educación (así, con mayúsculas) para que nos podamos mover en un escenario a largo plazo. La cantidad de leyes sobre Educación que llevamos desde que se estableció la democracia es un mensaje muy claro sobre la incapacidad de tales servidores públicos de consensuar algo positivo para el bien común no solo ya del presente, sino del futuro.